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Grandes petroleras: republicanos podrían blindarlas

Grandes petroleras: republicanos podrían blindarlas

Las grandes petroleras concentran un pulso legislativo en Washington, donde el calendario previo al nuevo Congreso mantiene abierta la vía para tramitar la propuesta.

Las grandes petroleras ante un posible blindaje legal

Los grupos climáticos alertan de que los republicanos podrían acelerar antes de final de año una iniciativa que daría protección a las grandes petroleras frente a litigios y normas climáticas. La preocupación surge tras las elecciones de la ola azul y antes de que asuman los demócratas recién elegidos.

La propuesta, denominada Stop Climate Shakedowns, fue presentada en abril por Ted Cruz y Harriet Hageman, legisladores republicanos, mediante textos complementarios en el Senado y la Cámara de Representantes. Según la información publicada por The Guardian sobre el proyecto de inmunidad, la iniciativa quedó bloqueada en septiembre en el comité judicial de la Cámara.

Iyla Shornstein, directora política del Center for Climate Integrity, sostiene que aún podría tramitarse con rapidez o incorporarse a otra ley durante el actual Congreso. Kathy Mulvey, directora del programa de rendición de cuentas de los combustibles fósiles de la Union of Concerned Scientists, comparte el temor de que el periodo de transición legislativa facilite su avance.

El alcance que tendría la protección para las grandes petroleras

La medida buscaría cerrar varias vías de responsabilidad a la vez. Shornstein afirma que desestimaría los casos climáticos ya abiertos, impediría otros nuevos e invalidaría las leyes estatales de superfondo climático.

También reservaría al Gobierno federal la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la crisis climática. En la práctica, esa centralización limitaría la capacidad de los estados para aprobar normas propias en este ámbito.

Once estados, dos gobiernos tribales y decenas de municipios han demandado a empresas de combustibles fósiles. Esos procedimientos intentan vincular costes derivados de desastres climáticos con las emisiones de las compañías y con presuntos engaños sobre sus estudios internos.

El punto central es jurídico, no una decisión sobre si las emisiones existen o no. Una inmunidad legal cambia quién puede reclamar, ante qué tribunal y bajo qué norma. Por eso, el proyecto no determina por sí mismo el resultado científico de las investigaciones climáticas.

La ciencia de atribución y el riesgo para las grandes petroleras

La iniciativa también cuestiona la ciencia de atribución de fuentes, un campo que relaciona determinados daños climáticos con las emisiones de empresas concretas de petróleo y gas. El texto legislativo afirma que esos trabajos «carecen de credibilidad científica y son, por tanto, arbitrarios».

Mulvey interpreta ese ataque como una señal de que las compañías se sienten amenazadas por las reclamaciones basadas en esa investigación. Si el proyecto prosperase, las grandes petroleras tendrían una defensa mucho más amplia frente a los procedimientos que dependen de ese nexo causal.

Para quienes siguen el sector, la diferencia es relevante. Un litigio puede generar costes, incertidumbre y cambios en la gestión del riesgo. Una barrera legal, en cambio, desplazaría ese debate desde los tribunales estatales hacia el Congreso y la regulación federal.

La defensa republicana y los obstáculos pendientes

Cruz defendió la propuesta al afirmar que grupos ecologistas usan demandas «sin fundamento» contra productores de energía estadounidenses. Según el legislador republicano, esos procesos amenazan empleos y pueden encarecer la electricidad y la gasolina para las familias trabajadoras.

Ese es el contrapunto principal a las críticas climáticas: los promotores presentan la inmunidad como una protección frente a una ofensiva judicial. Sin embargo, el proyecto sigue sin aprobarse y su anterior bloqueo muestra que la prioridad política no equivale a una ley vigente.

El American Petroleum Institute había situado el freno a demandas climáticas y leyes de superfondo entre sus prioridades de este año. El desenlace dependerá de si los republicanos consiguen reactivar el texto o sumar su contenido a otra legislación antes de que termine el actual Congreso.

Federalización del riesgo climático

🧭 La disputa trasciende a las demandas ya presentadas. Plantea quién asume el coste económico de los daños climáticos: las compañías señaladas, los gobiernos estatales o, de forma indirecta, los contribuyentes.

La propuesta también concentra el poder regulatorio en la esfera federal. Ese cambio reduciría la diversidad de respuestas estatales y convertiría el Congreso en el principal campo de batalla para la responsabilidad climática empresarial.

El coste legal de las grandes petroleras

Para quien invierte mediante fondos con presencia en empresas energéticas estadounidenses, el posible blindaje afecta al riesgo jurídico que acompaña al negocio. Si prospera, las reclamaciones climáticas estatales perderían peso como posible fuente de costes y contingencias para esas compañías.

El efecto depende de un paso político muy concreto: que la inmunidad avance como proyecto propio o quede incorporada a otra norma antes de que termine el actual Congreso. Hasta entonces, el mercado afronta una posibilidad legislativa, no un cambio legal ya aplicado.

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