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Las demandas climáticas de Boulder enfrentan a Suncor y Exxon con el Supremo, que evalúa si la ley federal desplaza la vía estatal.
El Tribunal Supremo de EE UU escuchó el lunes los argumentos de un litigio que puede definir el recorrido de las demandas climáticas contra las petroleras. El caso enfrenta al condado de Boulder con Suncor Energy y Exxon Mobil, a las que reclama una parte de los costes atribuidos a la crisis climática.
La información publicada por The Guardian sobre la vista ante el Tribunal Supremo sitúa el foco en una cuestión procesal decisiva. Las compañías sostienen que la ley federal impide que un tribunal estatal tramite la reclamación de Boulder.
El alcance de las demandas climáticas estatales
La decisión no resolverá todavía si las empresas deben pagar los daños reclamados. Determinará antes qué tribunal puede examinar esa acusación y bajo qué normas.
La preeminencia federal es el principio por el que una norma federal desplaza una regulación o reclamación estatal incompatible. Suncor y Exxon defienden que ese principio debe cerrar la vía estatal. Boulder replica que no existe una base constitucional que prohíba aplicar la legislación estatal a este tipo de reclamaciones.
Si el Tribunal Supremo da la razón a Boulder, o concluye que no debe intervenir ahora, el procedimiento continuará en el tribunal estatal. Una victoria de la industria podría extender sus efectos a decenas de casos presentados por gobiernos estatales y locales.
Por qué importa el fallo sobre las demandas climáticas
El interés de las petroleras es directo: buscan evitar que litigios similares avancen por distintas jurisdicciones estatales. Para los gobiernos locales, mantener esa vía abierta permitiría reclamar ante sus propios tribunales costes que atribuyen a los combustibles fósiles.
La vista mostró que el debate no gira únicamente en torno al cambio climático. El punto central es quién tiene autoridad jurídica para decidir responsabilidades cuando los daños alegados se relacionan con un fenómeno global.
Ese matiz condiciona la lectura del caso. Que los magistrados cuestionaran una teoría durante la audiencia no anticipa por sí mismo el resultado final, porque la sentencia dependerá de la justificación jurídica que logre reunir una mayoría.
Una mayoría menos clara de lo habitual
Samuel Alito se recusó, por lo que participan cinco magistrados conservadores y tres liberales. Esa ausencia puede alterar el cálculo de mayorías si los magistrados liberales respaldan la posición de Boulder.
Kirti Datla, directora del programa de defensa jurídica estratégica de Earthjustice, consideró que los magistrados tuvieron dificultades para encontrar un fundamento legal claro para la postura empresarial. Earthjustice tiene interés en que las reclamaciones sigan abiertas, dado que defiende esa posición en el litigio.
También John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, y el juez Neil Gorsuch formularon preguntas que, según Datla, apuntaban a dificultades con la interpretación constitucional planteada por Suncor.
El riesgo de un cierre amplio
El contrapunto lo planteó Dennis Fan, fundador y director de la Clínica de Litigación de Apelaciones de la Facultad de Derecho de Columbia. Fan advirtió de que la atención de los magistrados al fondo jurídico del asunto le preocupaba para el futuro de estos procedimientos.
Kannon Shanmugam, abogado de las compañías de combustibles fósiles, defendió que los legisladores, y no los tribunales estatales, deben abordar esta cuestión. Su tesis es que permitir estos litigios multiplicaría las demandas vinculadas al uso de combustibles fósiles.
El Tribunal Supremo aceptó revisar el caso mientras el proceso estatal sigue abierto, una circunstancia que Fan calificó de inusual. Se espera una decisión el próximo verano, y su alcance determinará si las demandas climáticas mantienen una vía estatal para llegar a juicio.
Costes climáticos y jurisdicción
📈 El litigio sitúa en primer plano una cuestión económica creciente: quién asume los costes locales asociados a fenómenos vinculados al clima. Los gobiernos locales buscan trasladar parte de esa carga a empresas cuya actividad relacionan con esos daños.
La disputa también refleja la tensión entre un problema de alcance global y sistemas legales estatales. La respuesta judicial puede influir en hasta qué punto las reclamaciones económicas se canalizan mediante tribunales locales o quedan limitadas por normas federales.
Las demandas climáticas elevan la incertidumbre sectorial
Para quienes invierten en bolsa estadounidense o en fondos con presencia en petroleras, el caso añade una variable jurídica a la evaluación del sector. Una vía estatal abierta puede ampliar los frentes legales y los costes potenciales que las empresas deben afrontar o provisionar.
El efecto no se limita a las dos compañías involucradas. Si la resolución permite que otras reclamaciones avancen en tribunales estatales, los inversores tendrán que valorar un entorno con mayor dispersión de casos, normas y gastos de defensa para la industria.
El elemento decisivo será el fundamento jurídico que reúna apoyo mayoritario sobre la preeminencia federal. Su alcance determinará si el fallo queda acotado al procedimiento de Boulder o condiciona otras demandas climáticas de gobiernos estatales y locales.
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