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Los centros de datos centran el debate entre Iberdrola, Telefónica y el Gobierno, ante un proyecto que exige respaldo renovable mínimo del 80%.
La regulación de los centros de datos se ha convertido en un factor decisivo para atraer nuevas inversiones. Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, pidió este viernes evitar su demonización y facilitar su instalación en el país.
Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, coincidió en que el freno principal no sería el suministro eléctrico, sino el marco normativo. Cinco Días recoge el debate planteado en el Foro La Toja, Vínculo Atlántico, celebrado en la Illa da Toxa, en Galicia.
La regulación de los centros de datos, en el centro
El Gobierno prepara un real decreto para fijar exigencias de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital. El proyecto exigiría respaldar cada hora de operación al menos el 80% del consumo energético con nueva generación renovable.
La condición es relevante porque no se limita a pedir electricidad renovable en términos generales. Vincula el funcionamiento de estas instalaciones con la incorporación de nueva capacidad renovable durante cada hora de consumo.
Inversión, empleo y capacidad digital
Ruiz-Tagle sostiene que esta actividad se desarrollará con independencia de dónde se ubique. Su argumento es que, si España no acoge esas instalaciones, podrían asentarse en territorios próximos y consumir probablemente energía española.
Para un inversor, el debate importa porque los centros de datos concentran inversión en infraestructura digital y demandan electricidad. Si la regulación permite proyectos viables, la tesis defendida por Iberdrola apunta a más inversión, empleo y crecimiento económico.
Gayo afirmó que la disponibilidad eléctrica es suficiente y situó el reto en las reglas aplicables al sector. También admitió que la propuesta persigue objetivos razonables, como ordenar el desarrollo y reforzar la soberanía.
Qué puede cambiar durante la tramitación
El decreto sigue siendo un proyecto, no una norma definitiva. Gayo espera cambios relevantes y plantea que los actores implicados revisen qué requisitos deberían modificarse antes de su aprobación.
La agilidad será determinante. Una regulación lenta o demasiado restrictiva puede elevar la incertidumbre de los proyectos, mientras que unos requisitos claros permiten valorar antes su viabilidad.
El riesgo para los centros de datos
SpainDC, la patronal española del sector, amenazó con reclamar indemnizaciones multimillonarias si se aprueba la regulación en su formulación actual. Ese choque muestra que el desacuerdo no es sobre la relevancia de la actividad, sino sobre las condiciones para desplegarla.
El Ministerio para la Transición Ecológica se reafirmó en la normativa. No obstante, fuentes conocedoras de las negociaciones señalaron que el Gobierno estaría dispuesto a suavizar las exigencias.
El resultado final definirá si los centros de datos afrontan un marco capaz de combinar inversión y requisitos ambientales. Hasta entonces, ni las modificaciones ni el alcance definitivo de las obligaciones están cerrados.
Infraestructura digital y energía
📈 El debate sitúa a los centros de datos en la intersección de tres prioridades: capacidad digital, descarbonización y autonomía tecnológica. El reto no consiste solo en atraer instalaciones, sino en definir bajo qué condiciones se integran en el sistema energético.
La discusión también revela que la competencia por esta infraestructura puede depender de la velocidad regulatoria. Un marco que combine exigencias verificables y previsibilidad puede ser tan relevante como la disponibilidad física de electricidad.
Qué vigilar en los centros de datos
La variable decisiva es la redacción final del real decreto. Los mercados seguirán si las exigencias cuestionadas se modifican durante la tramitación y si el marco resultante ofrece criterios suficientemente claros para evaluar proyectos antes de comprometer capital.
También conviene observar la evolución del conflicto con la patronal del sector. Una reducción de la confrontación apuntaría a un entorno más previsible. En cambio, la permanencia de amenazas de reclamaciones mantendría abierta la incertidumbre regulatoria.
La señal de confirmación sería un acuerdo que preserve los objetivos de sostenibilidad y permita desarrollar instalaciones. La señal contraria sería una norma final que mantenga el desacuerdo entre Administración y empresas implicadas.
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Artículo de divulgación financiera redactado por el equipo de Tu Plan A: Bolsa y Trading by Fran Fialli.
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