Regulación de la IA: Hermer reclama cooperación global
La regulación de la IA centra el llamamiento del exfiscal Richard Hermer, que considera insuficiente la autorregulación ante el avance de sistemas de frontera.
La regulación de la IA debería acelerarse mediante cooperación internacional y debate público, según Richard Hermer, par vitalicio del Partido Laborista y exfiscal general de Inglaterra y Gales. Hermer sostiene que los sistemas de IA de frontera plantean riesgos que van desde usos dañinos hasta una pérdida de control humano.
En su columna publicada por The Guardian sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial, defiende que la intervención no debe quedar limitada a Estados Unidos, China y las grandes tecnológicas. Su propuesta persigue que esta tecnología sirva al interés público y no concentre aún más el poder.
La regulación de la IA ante un riesgo difícil de medir
Hermer divide la amenaza en dos planos. El primero es el riesgo de daños extremos, por ejemplo si la tecnología facilita el diseño y despliegue de armas biológicas. El segundo afecta a la capacidad de las personas para decidir sobre sus propias vidas.
Esta distinción importa porque el debate no se limita a evitar un fallo técnico. También abarca quién controla herramientas que pueden alterar el trabajo, la seguridad nacional y la distribución del poder económico.
La advertencia, sin embargo, no cuantifica la probabilidad de esos desenlaces ni identifica un umbral concreto de seguridad. Un riesgo grave merece atención, pero la falta de una medición precisa dificulta decidir qué límites son proporcionados y cómo comprobar su cumplimiento.
Por qué la regulación de la IA no puede basarse en promesas voluntarias
El autor rechaza que la industria pueda supervisarse por sí misma. Según su análisis, las empresas de IA y los mercados financieros que las respaldan tienen incentivos para lanzar nuevas versiones con rapidez. También atribuye esa presión a la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos.
El mecanismo es relevante para el inversor y para el ciudadano. Cuando el crecimiento, la financiación y la rivalidad política premian la velocidad, la seguridad puede quedar subordinada a objetivos de corto plazo. Un código voluntario depende, precisamente, de que quienes compiten acepten frenarse.
Hermer reclama reglas rigurosas y derecho internacional. Esa vía busca evitar que una jurisdicción imponga exigencias que otras puedan esquivar. Si los países aplican estándares incompatibles, las compañías podrían buscar el marco menos estricto, reduciendo la eficacia de cualquier control nacional.
Beneficios potenciales y una cautela necesaria
The Guardian publica una columna que reconoce beneficios potenciales de la IA en la ciencia, la medicina y el empoderamiento de personas desfavorecidas. Hermer no plantea, por tanto, abandonar la tecnología, sino orientar su desarrollo antes de que sea demasiado tarde.
Ese contrapunto es decisivo: regular no equivale por sí mismo a detener la innovación. La cuestión es qué obligaciones pueden reducir los riesgos sin bloquear los avances que el propio autor considera posibles.
La posición de Hermer es una propuesta política y jurídica. Por ello, sus advertencias describen un marco de actuación, no una estimación independiente sobre la probabilidad de que ocurra cada escenario extremo.
El debate público que reclama Richard Hermer
La regulación de la IA, en la tesis de Hermer, requiere participación pública además de acuerdos entre gobiernos y compañías tecnológicas. Su argumento final es que las decisiones sobre los valores y objetivos de estos sistemas no deben recaer en un grupo reducido.
Quedan abiertas preguntas esenciales: qué normas serían comunes entre países, cómo se aplicarán a los laboratorios de IA de frontera y quién verificará que los sistemas cumplen los límites acordados. La respuesta determinará si la regulación de la IA funciona como una barrera efectiva o como una declaración de principios.
La regulación de la IA y el dinero
Falta conocer qué normas se aprobarían, en qué países y con qué exigencias para estimar un efecto concreto sobre empresas, fondos o ahorradores.
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